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caso ERE

Alaya rechaza las tesis de la Junta y cita a declarar a varios altos cargos

Mantiene la declaración del exinterventor el jueves y cita a otros cuatro imputados para el próximo mes de septiembre

Alaya rechaza las tesis de la Junta y cita a declarar a varios altos cargos J. J. ÚBEDA

mercedes benítez

La juez Mercedes Alaya que instruye el caso de los ERE fraudulentos ni siquiera ha esperado a que expirara el plazo que dio a las partes para que se pronunciaran sobre el recurso de la Junta de Andalucía contra la imputación de la exconsejera, Magdalena Álvarez. En un auto que acaba de hacerse público Alaya ha decidido seguir adelante con la declaración del exinterventor de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, prevista para el próximo jueves y además ha decidido fijar un nuevo calendario de declaraciones para el próximo otoño.

Según fuentes judiciales en un breve auto de cuatro folios la juez acusa a la Junta de Andalucía de haber actuado más como defensa que como acusación pese a estar personada como acusación particular y ha fijado un nuevo calendario de declaraciones para el próximo miércoles además de, tal y como le pidió la Fiscalía Anticorrupción, seguir adelante con la declaración del exinterventor. También alega que el argumento de la Junta de que la Ley obligaba al uso de las transferencias de financiación «carece de veracidad»

Se trata de cinco nuevas declaraciones de imputados que van desde la del exviceconjero de Presidencia, Antonio Lozano, fijada para el próximo 17 de septiembre a la del exviceconsejero de Empleo, Justo Mañas (el 30 de septiembre), el exdiputado socialista Ramón Díaz, (el 9 de octubre), el exdirector general de Presupuestos de Hacienda, Buenaventura Aguilera (19 de de septiembre) y el que fuera jefe de servicio de Empleo, el funcionario, Antonio Díaz Lois (el diez 10 septiembre).

Todas estas declaraciones han sido fijadas en septiembre y octubre mientras que la Audiencia de Sevilla que debe resolver el recurso de la Junta de Andalucía no ha recibido siquiera el escrito. Lo que supone que no podrá resolver sobre la imputación antes del verano.

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