Si Gordillo malversó fondos en Marinaleda, IU tomará las «medidas oportunas»

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha asegurado este martes que la federación que dirige tomará las «medidas oportunas» sobre el diputado por Sevilla, Juan Manuel Sánchez Gordillo, en función del resultado de la «investigación» que va a llevar a cabo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en relación a una posible malversación de fondos públicos del Ayuntamiento de Marinaleda (Sevilla) para ocupaciones de fincas. A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Maíllo ha pedido «el máximo respeto y la máxima prudencia» ante este asunto y ha insistido en que abrir diligencias judiciales no signfica «que ya sea culpable». «La presunción de inocencia afecta al señor Gordillo y a todas la personas», ha afirmado el líder de IULV-CA.

Tras asegurar que desconoce el auto en el que el TSJA ha ordenado la incoación de diligencias, el dirigente de izquierdas ha mostrado el respeto de su organización y el suyo propio a las decisiones judiciales, sin querer entrar en ningún tipo de consideración de este caso concreto. «Nada que valorar», ha reiterado Maíllo, quien ha destacado que «la Justicia tiene sus ritmos y nosotros también, por lo que se valorará en función de las conclusiones que se extraigan de la citada investigación» iniciada por el TSJA.

Estas diligencias se abren a raíz de la denuncia de la organización Manos Limpias denunció a Sánchez Gordillo, por haber utilizado presuntamente fondos del Ayuntamiento para desplazar en autobuses a afiliados del sindicato en la ocupación de fincas públicas, como la yeguada militar de Las Turquillas, y otras de naturaleza privada.

En el auto, el TSJA ha ordenado la incoación de diligencias privadas, designando de ponente al magistrado Miguel Pasquau, después de que Manos Limpias presentara denuncia contra Sánchez Gordillo ante el Alto Tribunal andaluz «aforado ante esta sala por su condición de diputado del Parlamento andaluz», por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. En su denuncia, Manos Limpias apuntaba que el alcalde de Marinaleda habría destinado presuntamente fondos del Ayuntamiento «para sufragar el desplazamiento en autobús de miembros del SAT con motivo de sus obligaciones sindicales consistentes en la ocupación de fincas de propiedad pública y otras de propiedad privada».

En este proceso se pidió al secretario-interventor del Ayuntamiento de Marinaleda para que certificase los pagos efectuados a la empresa de autobuses a partir de enero de 2010 por parte de la Corporación indicando las partidas presupuestarias a que correspondieran. El alcalde dirigió oficio acompañando relación de pagos efectuados a la empresa de autobuses entre 2010 y 2013, «sin incluir documentación, ni facturas ni expedientes».