Juan Lanzas: «Yo soy el que entiende de subvenciones de la Junta»

El exdirigente de UGT Juan Lanzas Fernández se jactó ante el empresario Jorge Andrés Morell de su habilidad para tramitar subvenciones de la Junta de Andalucía. La modestia no era una de las virtudes que adornaban el carácter del «conseguidor» de ayudas del fondo de los ERE. El dueño de la fábrica de tapones de corcho Aglomerados Morell relató a la juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude de los ERE, que el exsindicalista trató de desactivar las objeciones que puso a incluirse en el ERE de su propia sociedad argumentando que «él entendería de lo suyo, pero que Juan Lanzas entendería de las subvenciones de la Junta de Andalucía», según recoge la transcripción de su declaración el pasado 24 de octubre como imputado, al igual que su hijo Luis Morell, por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

Aunque «no le pareció lícito ni normal (entre otras razones, porque llevaba ya ocho años jubilado) consintió la inclusión de él mismo y de José Luis Llorente también como una imposición de Lanzas para poder acceder a la subvención». Añadió que presumía de «tener amigos muy influyentes y entre ellos altos cargos».

El exsindicalista y «cerebro» en la trama de los ERE, que está en prisión desde marzo, le pidió inicialmente 1,2 millones de euros como gastos por la tramitación de los ERE. Justificó tan abultados honorarios por que «ese dinero lo tenía que repartir a las personas a las que entregaba los papeles en Junta de Andalucía y a su bufete de abogados (Estudios Jurídicos Villasís)».La «mordida» equivalía al 30% de las ayudas prometidas (4,5 millones). Pero, finalmente, Aglomerados Morell sólo le abonó «entre 11.000 y 12.000 euros» a través de un testaferro de Lanzas, Juan Francisco Algarín. Andrés Morell se presentó como víctima de un «engaño» en su interrogatorio ante Alaya, pues pensaba que «los cargos de la Junta iban de buena fe».

El entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, se comprometió a abonarle una subvención de 2,4 millones de euros, camuflada como prejubilaciones, para sufragar el traslado de su fábrica desde Santiponce a la localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas. La magistrada recuerda que se impuso como condición «la necesidad de contratar personal de dicha localidad para beneficiar de cara a las elecciones (de 2007) a la alcaldesa de Villanueva del Río y Minas, María José Cervantes». Aglomerados Morell recibió entre 2009 y 2010 1,46 millones de euros de la Junta de Andalucía para prejubilar a los 22 trabajadores y a dos intrusos, a los que se suman otros dos avales de la agencia IDEA (que pagaba los ERE) de 900.000 euros cada uno. La empresa también recibió 65.000 euros de la Junta para organizar cursos de formación en la empresa. Impartió uno dedicado a la «Transversalidad de Género».