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CORRUPCIÓN

La Junta «incumple la ley» para seguir subvencionando a UGT

El PP denuncia un «trato de favor» al eximirle del requisito de justificar ayudas y le perdona intereses en su devolución

La Junta «incumple la ley» para seguir subvencionando a UGT raúl doblado

ANTONIO R. VEGA

La portavoz de Empleo del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Teresa Ruiz Sillero, ha denunciado este martes que la Junta de Andalucía «incumple de manera consciente» la Ley de Hacienda Pública y la Ley General de Subvenciones para seguir concediéndole fondos públicos a UGT Andalucía. Para ello, ha explicado, los consejeros firman resoluciones eximiendo a la organización del requisito legal de justificar en tiempo y formas subvenciones concedidas con anterioridad.

Ruiz Sillero asegura que el Gobierno andaluz del PSOE e IU está incurriendo en un «absoluto trato de favor» para seguir financiando a UGT-A, que está sumido en una profunda crisis y sometido a una doble investigación por parte de la juez de instrucción Mercedes Alaya, quien indaga en  el supuesto desvío de fondos públicos y también por parte de la propia Administración regional. La Junta le ha reclamado la devolución de 3,6 millones de euros correspondientes a facturas que imputaron a ayudas de forma irregular y está revisando en total 19 expedientes de subvención.

La dirigente popular, que ha pedido a la Junta la copia de todas las resoluciones de exención de esta obligación legal que corresponde a UGT-A, sustenta el supuesto «trato de favor» en tres argumentos: la exención de requisitos legales, la utilización del procedimiento más largo y favorable para UGT-A a la hora de reintegrar los fondos defraudados y el hecho de que en al menos uno de los expedientes de ayuda existe un reparo de la Intervención General de la Junta porque al sindicato "se le exime de pagar los intereses legales del dinero y los intereses de demora " como sí se le exige a cualquier ayuntamiento o autónomo que debe devolver ayudas, explicó Ruiz-Sillero.

En concreto, la diputada popular reveló que dicho expediente fue firmado por la entonces directora general de Fomento del Empleo de la Junta, Esperanza Perea Acosta , que actualmente ocupa una Dirección General en la Consejería de Medio Ambiente y es pareja del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, imputado en la causa de los ERE. La Junta alegó que dicho expediente, valorado en 1,95 millones de euros y que consistía en financiar la contratación de 120 personas por parte del sindicato, se había extraviado para no trasladarlo a la Cámara de Cuentas durante un informe de fiscalización.

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