Junta de Andalucía: diez hilos para la madeja de la corrupción
Pastrana y Griñán, en la última firma del acuerdo de concertación en 2009 - rocío ruz
análisis

Junta de Andalucía: diez hilos para la madeja de la corrupción

ERE, Invercaria, el fraude en la formación y las facturas falsas de UGT tienen el mismo origen: un sistema clientelar que facilitó al PSOE perpetuarse en el poder

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ERE, Invercaria, el fraude en la formación y las facturas falsas de UGT tienen el mismo origen: un sistema clientelar que facilitó al PSOE perpetuarse en el poder

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  1. La sombra de la concertación

    Pastrana y Griñán, en la última firma del acuerdo de concertación en 2009
    Pastrana y Griñán, en la última firma del acuerdo de concertación en 2009 - rocío ruz

    Bajo el paraguas de los acuerdos de concertación instaurados en la etapa de Manuel Chaves, la Junta ha repartido en torno a 2.000 millones de euros en subvenciones nominativas entre las cúpulas de las centrales sindicales y de las organizaciones de empresarios. En teoría, el objetivo era crear empleo. En la práctica, sirvió para comprar la paz social alimentando durante años sus enormes aparatos burocráticos. CEA y sindicatos funcionaron como una segunda administración paralela de la Junta. A costa del dinero para el empleo, los dirigentes «ugetistas» pagaron mariscadas, sobresueldos y sucursales compartidas con el PSOE, cobraron «mordidas» a proveedores y crearon un bote de saldos para sus gastos de estructura. A cambio de generosas derramas, la nomenclatura socialista se ha asegurado su tranquilidad política y hegemonía institucional durante veinte de los 32 años de la Autonomía.

    La dependencia y el clientelismo han sido la seña de identidad de la corrupción. No hay un solo sector de actividad que quede al margen de la influencia de la Junta ni «agente social» que no esté cautivo de su presupuesto. «Mantener la paz social» es la premisa que figuraba en el convenio marco de 2001 que dio origen al expolio de los ERE. Al calor de la fiebre de los despidos en empresas, federaciones de UGT y CC.OO. y sus aseguradoras cobraron al menos 7,6 millones en sobrecomisiones de las mediadoras.

  2. Ausencia de controles

    Manuel Gómez (en el centro), interventor de la Junta entre 2000 y 2010
    Manuel Gómez (en el centro), interventor de la Junta entre 2000 y 2010 - juan flores

    El Gobierno andaluz dota de dinero público a su entramado de sociedades mercantiles y agencias mediante transferencias de financiación, una fórmula cuestionada hasta en quince ocasiones por el exinterventor Manuel Gómez años antes de que estallara el escándalo de los ERE. El mecanismo evitaba la fiscalización previa y a posteriori. En definitiva, escapaba a los rigurosos controles a los que está sometido el presupuesto que gestionan directamente las consejerías. Este modelo de ingeniería contable, refractario a la transparencia, funcionó durante una década en los ERE a través de la famosa partida 31L. La antigua Consejería de Empleo transfería fondos al entonces Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, hoy Agencia IDEA) para que este organismo pagara las ayudas que previamente había concedido a empresas en apuros mediante convenios o apuntes en «post-its». Con este fondo opaco se abonaron prejubilaciones a falsos trabajadores, indemnizaciones a empresarios, comisiones disparatadas a conseguidores y sindicatos, e incluso regalos y cocaína a altos cargos. Fue también la fórmula empleada desde 2005 para «engrasar» a la empresa autonómica de capital riesgo, Invercaria, excluida del control permanente de la Intervención. Empleo derivó también partidas finalistas para formar a parados a su fundación Faffe, la Confederación de Empresarios de Andalucía, CC.OO. y UGT, que recibieron 275,9 millones de euros por el expeditivo método del «dedo» entre 2009 y 2010.

  3. Reparto de dinero sin norma

    Pérez-Sauquillo, expresidente de Invercaria, imputado por malversación
    Pérez-Sauquillo, expresidente de Invercaria, imputado por malversación - josé galiana

    La piedra de «Rosetta» que permite descifrar la trama de los ERE fue el referido convenio que daba carta de normalidad jurídica a un mecanismo extraordinario que en la práctica suponía saltarse todos los cauces legales para repartir 721 millones de euros. Dicho de otro modo, el procedimiento consistía precisamente en la ausencia de procedimiento. La empresa de capital riesgo Invercaria, por su parte, incumplió la orden de incentivos que habría asegurado la concurrencia pública. Repartió 60 millones entre 276 proyectos sin atenerse a norma alguna, a veces sin más plan de negocio que un par de folios escritos a boli.

    En el fraude en las ayudas de la Junta y el Ministerio de Industria a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz se amañaron los resultados de la mesa evaluadora para favorecer a unos empresarios en concreto. Por último, la Administración hizo la vista gorda a la Ley de Subvenciones para continuar subvencionando a UGT-A, pese a que acumulaba otras ayudas sin justificar.

  4. El epicentro, en Empleo

    Prejubilados concentrados a las puertas de la Consejería de Empleo en Sevilla
    Prejubilados concentrados a las puertas de la Consejería de Empleo en Sevilla - diaz japón

    Las Consejerías de Empleo y de Innovación (que hoy vuelven a estar integradas) son el punto donde convergen todos los fraudes. El kilómetro cero de las irregularidades. No es casual que esto suceda en la comunidad con la tasa más elevada de paro de España (36,3%), que es también la que más caudales públicos dedica, desde que en 2003 el Gobierno le traspasara las políticas de empleo, para combatir la sangría laboral. Empleo, a través de la agencia del SAE, e Innovación, con sus satélites IDEA e Invercaria, constituyeron el motor que alimentaba los subsidios o «engrasaba» a golpe de subvenciones el lánguido tejido productivo, la argamasa que cimentó durante décadas sólidas mayorías absolutas del PSOE. La partida 31L, bautizada como «fondo de reptiles» por el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, formaba parte sustancial de su programa electoral.

  5. Nepotismo

    Guerrero, con su abogado, a la salida de los juzgados
    Guerrero, con su abogado, a la salida de los juzgados - juan josé úbeda

    Cuando se ausentan las normas, el nepotismo puede campar a sus anchas. Por amiguismo, Guerrero entregó 1,35 millones en ayudas públicas a empresas fantasmas de su chófer oficial Juan Francisco Trujillo. Por cercanía probablemente con el exconsejero José Antonio Viera, la comarca de la Sierra Norte acaparó el 68% de las ayudas directas destinadas a toda Andalucía. Por sus contactos con las altas esferas autonómicas, el exsindicalista Juan Lanzas hizo una fortuna de 7,4 millones como conseguidor. Por el mismo motivo, el exconsejero Vallejo fichó a Novasoft como socio para Invercaria en un cóctel. Por cercanía y conveniencia mutua, los agentes sociales se convirtieron en clientes preferentes en la ventanilla autonómica de la concertación. El PP sospecha que por su «hermandad» con el PSOE los controles públicos también fueron un coladero para las facturas falsas de UGT-A.

  6. Implicación de altos cargos

    Alaya ha abierto el proceso para imputar a Griñán y Chaves
    Alaya ha abierto el proceso para imputar a Griñán y Chaves - abc

    Después de tres años de instrucción de la juez Mercedes Alaya, el proceso contra la corrupción más importante de España acumula 141 imputados entre «intrusos», mediadores y altos cargos de la Junta, a los que se unen los procedimientos abiertos para imputar a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a cinco exconsejeros (Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo). Escalón a escalón, la magistrada ha ido ascendiendo con sus incisivos autos hacia el vértice de la «pirámide» de responsabilidades, convencida de que la Junta ideó un sistema para favorecer a su «círculo próximo». Por su parte, el caso Invercaria acumula una treintena de imputados por malversación de fondos, incluida toda la antigua cúpula directiva de la sociedad pública.

    Otro juzgado de intrucción de Algeciras indaga en un supuesto fraude en ayudas para la formación que implica al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, receptor de millonarias subvenciones para reciclar laboralmente a extrabajadores de la factoría Delphi.

  7. Tardía reacción de la Junta

    Entrada a la empresa Mercasevilla, origen del fondo de los ERE
    Entrada a la empresa Mercasevilla, origen del fondo de los ERE - rocío ruz

    La secuencia de los ERE resulta paradigmática. El origen de la trama se sitúa en Mercasevilla. Los dueños del grupo de restaurantes La Raza grabaron a dos directivos de la lonja hispalense pidiéndoles comisiones ilegales en nombre de la Consejería de Empleo a cambio de una ayuda. La cinta fue entregada en la Consejería de Presidencia. Su entonces director general tardó tres semanas en llevarla a la Fiscalía. Fue el PP del Ayuntamiento de Sevilla, después de que ABC publicara en exclusiva la grabación, el que eleva una denuncia al Juzgado.

    En la trama de UGT-A y de Invercaria, el Gobierno andaluz sigue el mismo patrón de conducta. En el primer caso, empieza a revisar de oficio las ayudas a remolque de los abusos contables destapados por la Prensa. En el segundo, una auditoría de la Cámara de Cuentas abre la puerta a una investigación del fiscal y del juzgado.

  8. No dimite nadie

    Susana Díaz prescindió de los cargos implicados en los ERE
    Susana Díaz prescindió de los cargos implicados en los ERE - rocío ruz

    Nadie conjuga en primera persona el verbo dimitir. Cuando la Griñán dejó en agosto la Presidencia de la Junta, aclaró de antemano que su renuncia no implicaba un acto de contrición ni una asunción implícita de responsabilidad. A falta de dimisiones, su sucesora, Susana Díaz, levantó una muralla que protegiera a su Gobierno de las salpicaduras de los ERE: prescindió de los consejeros implicados y encargó un informe a la Intervención sobre las transferencias de financiación para reforzar, a toro pasado, los filtros en la concesión de ayudas públicas. Pero si en esta monumental trama no ha habido ceses, en el resto de escándalos ni están ni se les esperan.

  9. Los «cuatro golfos» y la causa general

    Sindicalistas se concentraron en los juzgados e increparon a Alaya por las detenciones
    Sindicalistas se concentraron en los juzgados e increparon a Alaya por las detenciones - efe

    El Gobierno andaluz aplica un manual idéntico cada vez que le estalla un escándalo. Primero, niega la realidad. Luego, cuando los indicios se imponen, lo minimiza y presenta la mangancia como una suerte de mal inevitable en la gestión. En última instancia, busca a un chivo expiatorio: llámense Guerrero, Fernández o Pérez-Sauquillo. Descarga su responsabilidad en «cuatro golfos», eslabones que en algún punto de la cadena de montaje hicieron un «mal uso» del procedimiento. A falta de autocrítica, desde la Junta atacan con insidias a jueces como Alaya. Su táctica defensiva pasa también por acusar a la oposición y a la «derecha mediática» de confabularse para abrir «causa general» contra el PSOE y el sindicalismo.

  10. Dinero perdido e irrecuperable

    María Jesús Montero, consejera de Hacienda
    María Jesús Montero, consejera de Hacienda - raúl doblado

    Si hay un injusto perdedor con las masivas operaciones fraudulentas vinculadas a la formación y el empleo, ése es el contribuyente y, sobre todo, el parado andaluz. Debió ser el legítimo beneficiario de las partidas que saqueó la tropa de sindicalistas, comisionistas y empresarios con la complicidad y anuencia de los altos cargos autonómicos. Fue un dinero de ida y sin vuelta. De los 143 millones defraudados con los ERE, se ha recuperado una parte tan insignificante que el Ejecutivo regional prefiere no desvelarla. Tan sólo acierta a decir que tiene 6,1 millones en fase de apremio y con garantías de devolución. 6,1 millones después de los 721 repartidos y al cabo de tres años de instrucción. Entre 2005 y 2010, Invercaria arrojó unas pérdidas superiores a los 30 millones. Grandes sumas quedaron atrapadas en empresas ya disueltas o en quiebra. De lo invertido en FIVA, la empresa de Juana Martín, Andalus o Fumapa, no se ha recobrado ni un céntimo. En parte por la desidia de la empresa pública, que reclamó los 300.000 euros prestados a Fumapa cuando el proceso concursal tocaba a su fin. La Junta, además, ha escogido la vía más larga y farragosa para que UGT-A reintegre 3,6 millones que endosó a ayudas de manera irregular.

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