Imputados dos altos cargos de la Junta por negar información a los funcionarios

Después de 21 sentencias firmes que dan la razón al Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) en su intento por recabar de la Junta datos del personal externo de la «Administración paralela», esta organización ha decidido recurrir a la vía penal y ha presentado denuncias por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y por el incumplimiento de las fallos judiciales, circunstancia que se ha traducido en la imputación de dos altos cargos, la directora general de Recursos Humanos y Función Pública, Isabel Mayo López, y la directora general de Planificación y Organización de los Servicios Públicos, Teresa Castilla Guerra, que en próximas fechas tendrán que prestar declaración.

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa José Manuel Mateo, presidente de SAF, organización que mantiene viva la llama de las protestas contra el «enchufismo» en la Junta de Andalucía, no ya del personal eventual o externo, sino también de los altos cargos. Así, Mateo ha explicado la existencia de un sistema que se aplica en la Administración andaluza, según el cual los funcionarios de carrera sólo pueden acceder a los niveles máximos, del 26 al 30, por libre designación, es decir, en la mayoría de los casos por afinidad ideológica.

En Andalucía, en esta circunstancia se encuentran unos 2.300 empleados públicos, y ha sido objeto de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por parte del SAF.