El campo andaluz ha tenido que pagar casi 400 millones de luz en 2013

Ya lo dijo la consejera de Agricultura, Elena Víboras en Jaén hace tan sólo unos días, «si se confirma el tarifazo eléctrico va a significar una autentica estocada de muerte para muchas explotaciones andaluzas por lo que le pedimos flexibilidad al gobierno». Y a tenor de las cuentas que manejan en UPA y COAG Andalucía el sector agrario está al borde del cortocircuito si siguen subiendo los costes energéticos. Ambas organizaciones han denunciado que el año 2013, que está a punto de terminar, se despedirá del calendario con una factura eléctrica del sector agrario que puede alcanzar los 400 millones de euros. De ellos, unos 165 corresponden al regadío. 

La liberalización  del mercado eléctrico, en julio de 2008, trajo consigo la desaparición de las tarifas especiales para el riego y provocó el encarecimiento «vertiginoso de la factura eléctrica, de un 67% respecto al año anterior. Los regantes que pudieron pasar al mercado libre sufrieron el incremento de precio, pero los que no pudieron hacerlo sufrieron además penalizaciones importantes» señalaron las organizaciones agrarias que temen que lo que está por venir sea aún peor. 

Y así describen el panorama para el sector primario andaluz: «las últimas modificaciones introducidas en la normativa en el pasado mes de agosto incrementan el precio del término de potencia en más de un 150% para las tarifas de acceso en baja tensión y entre un 115% y un 125% para las de alta tensión». Si bien el término de energía se reduce, hay que destacar que la estacionalidad en el consumo eléctrico por parte de los regantes se traducirá en un beneficio ínfimo por este concepto, mientras que el término fijo de potencia gravará notablemente todas las facturas. El término de potencia supone entre un 25 y un 40% del total de la factura durante la campaña de riego, porcentaje que se dispara durante el resto de meses del año. Hay que tener en cuenta que se riega solo cinco meses y que, sin embargo, los regantes pagan el término de potencia durante todo el año, lo que representa «un considerable perjuicio económico y un auténtico agravio». 

La subida del IVA, que ha pasado del 16 al 21%, también ha contribuido a encarecer la factura de los regantes entre 3.500 y 13.100 ¤/año en función de la potencia contratada. Entre 2004 y 2013, el incremento del coste de la electricidad que acumulan los regantes es de casi un 260%. Por su parte, la agroindustria puede pagar este año unos 155 millones de euros en concepto de factura eléctrica, lo que supone un incremento del 71% con respecto a 2008 (antes de la liberalización). En este sentido, también se da la circunstancia de que las cooperativas y almazaras funcionan durante cuatro meses y que, sin embargo, pagan todo el año en término de potencia, incrementando sustancialmente sus costes reales. 

Para el resto del sector agrario, excluido el regadío (invernaderos y sectores ganaderos, fundamentalmente) la factura superará los 55 millones de euros en 2013, frente a los 33 que pagó en 2008 (antes de la liberalización).  

COAG Andalucía y UPA Andalucía consideran que estos incrementos son excesivos, y reclaman una política energética que no se limite a repartir deuda entre los usuarios. Por todo ello, ambas organizaciones reclaman que «la reducción de costes eléctricos sea considerada como una cuestión estratégica que es necesario resolver si queremos que nuestra actividad agraria siga siendo líder y una de las fortalezas que contribuya a sacarnos de la situación de crisis económica».