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Sucesos

Un libro para las «mordidas» urbanísticas

Hallan en un operación contra la corrupción urbanística, con técnicos de la Junta implicados, una libro en el que se guardaban los presuntos sobornos

Un libro para las «mordidas» urbanísticas abc

P. D. A.

Dice el dicho que una imagen vale más que mil palabras. Esto es lo que ocurre con la última operación contra la corrupción urbanística desarrollada por la Guardia Civil en la Costa del Sol y que ha permitido descubrir un libro preparado por los funcionarios para esconder los supuestos sobornos que recibían por conceder lincencias irregulares. La intervención, cuyo epicentro ha sido el municipio de Benelmádena, se ha saldado por ahora con la imputación de diez personas por delitos urbanísticos, dos detenidos por adjudicación y contrataciones ilícitas de obras y un acusado por un supuesto delito de prevaricación por omisión. Entre los implicados hay personal de la Junta de andalucía.

Estos trabajos se efectuaban con el visto bueno del concejal delegado de urbanismo que ocupaba cartera en los años 2009 y que ha sido imputado por prevaricación por omisión.

La investigación tiene comienzo a finales de 2009 cuando agentes de la Guardia Civil  de la Comandancia de Málaga, pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), practicaron una inspección por la zona de Arroyo de la Miel y comprobaron que se había ejecutado una edificación en una zona verde. La promotora, además de que no cumplía con los requisitos preceptivos para su construcción, había iniciado los trámites oportunos de legalización ante el Ayuntamiento de Benalmádena para proceder a su venta como apartahotel que le proporcionaría ciertos beneficios fiscales.

Se detectaron irregularidades en la adjudicación de las obras del plan FEIL 2009Los agentes continuaron con la inspección y hallaron una segunda edificación, también construida supuestamente de forma irregular, en cuya ejecución no se había respetado la altura máxima de edificabilidad planteada en el PGOU para la zona.

Paralelamente a los dos casos anteriores, se detectaron presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras del plan FEIL 2009, lo que unido a las construcciones irregulares lleva a iniciar la «operación Mina», llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial, y al Seprona.

Una vez analizada exhaustivamente los documentos de los expedientes relativos a las construcciones supuestamente irregulares, se pudo comprobar que existían informes claramente contradictorios y la implicación de responsables del Área de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento y técnicos de la Junta de Andalucía que habrían omitido su actuación a efectos de ordenar la paralización de las obras y en la emisión de informes favorables por el Delegado Provincial de Medio Ambiente.

En cuanto al análisis de la documentación relativa a irregularidades en la contratación y adjudicación de las obras a cargo de los presupuestos de los Fondos FIEL 2009, se detectó la falta de un procedimiento administrativo transparente para la realización de las actuaciones, ya que se adjudicaron aproximadamente el 80 por ciento de las mismas a un mismo gabinete de ingeniería, sin concurso previo. De la misma forma se realizaron fraccionamientos intencionados en algunos de los contratos para «trampear» la legislación vigente, repitiendo ciertos conceptos para provocar pagos extraordinarios e incluso duplicando determinadas facturas para que se liquidaran dos veces.

Todas estas irregularidades confirmaron la connivencia del técnico municipal Según ha informado el Instituto Armado, todas estas irregularidades confirmaron la connivencia del técnico municipal y del ingeniero independiente para lucrarse en un momento clave del Ayuntamiento; es decir, coincidiendo con la masiva asignación de presupuesto para la realización de obras con cargo a los Fondos FEIL 2009.

Por lo que se procedió a la realización de un registro en el domicilios del arquitecto técnico, en el cual se intervino diversa documentación oficial que no debería encontrarse fuera del ente municipal, como facturas, adjudicaciones de obras opliegos de condiciones. No obstante, llamó especialmente la atención una agenda, sin datos, del año 2006, ahuecada con la medida justa para ocultar fajos de billetes.

Por último se ha procedido a la inmovilización de alrededor de treinta propiedades y de un total de nueve vehículos, así como se han bloqueado varias cuentas y productos bancarios de los dos máximos implicados.

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