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Un catedrático de la Hispalense y un ex letrado del Constitucional ganan «ex aequo» el Gutiérrez Anaya

Un catedrático de la Hispalense y un ex letrado del Constitucional ganan «ex aequo» el Gutiérrez Anaya

El catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla Leopoldo José Porfirio Carpio y el ex letrado del Tribunal Constitucional Carlos Gómez de la Escalera han ganado «ex aequo» el Premio Santiago Gutiérrez Anaya en esta su octava edición, dotado con 6.000 euros que habrán de repartirse entre los dos y que recogerán en un acto que se celebrará en julio en la Casa de ABC de Sevilla en fecha aún por determinar.

Precisamente ayer en este enclave tuvo lugar la reunión del jurado a la que asistieron algunos de sus componentes, concretamente, su presidente, Manuel Damián Álvarez García, que es además magistrado presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla; el registrador de la propiedad, Juan José Pretel Serrano; el notario, Pedro Romero Candau y el abogado y coordinador del premio, Alberto Donaire Ibáñez. Tras la deliberación del jurado, se celebró un almuerzo, al que se unieron el representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental, Antonio Reinoso; el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo; el coordinador general del Instituto de Estudios Cajasol, Ángel López y Joaquín Moreno Murube, de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Sevilla.

Como ya ocurriera en la tercera edición, esta vez también se ha concedido el premio «ex aequo» y además, se da la circunstancia de que uno de los ganadores, Leopoldo José Porfirio Carpio, obtuvo él sólo el año pasado este galardón que tiene una dotación económica de 6.000 euros. Por otra parte, hay que resaltar, y ese es uno de los objetivos de la convocatoria, la actualidad de la temática que preside los trabajos ganadores. La de Porfirio Carpio es el derecho de subrogación en los arrendamientos mercantiles, una cuestión que, según dijo ayer a ABC ha elegido por la gran polémica que suscita dada la abundante jurisprudencia y las dos sentencia recientes del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de subrogarse en los contratos de arrendamiento de local de negocio. También tiene en cuenta que la normativa no es muy clara porque, por ejemplo, una disposición transitoria incluye que la jubilación da derecho a la subrogación; y, otras no. Pero si este trabajo brilla por su interés, el de Gómez de la Escalera no se queda atrás. El doctor en Derecho, agente de la propiedad inmobiliaria, profesor de Derecho Civil de la Universidad Carlos III de Madrid, ex letrado del Tribunal Constitucional —desempeñó esa función durante once años— y abogado en ejercicio, ha analizado el conjunto inmobiliario como supuesto de hecho básico para la aplicación del régimen de propiedad horizontal.

La tesis de su trabajo consiste en demostrar cómo actualmente, para que pueda aplicarse el régimen de la propiedad horizontal es necesario que concurran todos los elementos que conforman el conjunto inmobiliario, razón por la cual el conjunto inmobiliario se erige en el supuesto de hecho básico de la propiedad horizontal. Partiendo de esta premisa analiza los distintos supuestos de conjunto inmobiliario que hoy cabe distinguir: propiedad horizontal típica (edificio dividido en departamentos independientes), urbanizaciones privadas (propiedad horizontal tumbada), propiedad horizontal compleja (realidades inmobiliarias formadas por una pluralidad de edificaciones),propiedad horizontal por analogía (puertos deportivos, cementerios privados, etc.), propiedad horizontal excluyente de los principios de la accesión inmobiliaria (que permite la configuración como fincas independientes del suelo, vuelo o subsuelo de un mismo terreno), y el conjunto inmobiliario integrado por finca demanial y fincas patrimoniales sobre un mismo terreno. El trabajo termina analizando el concepto y elementos que definen el conjunto inmobiliario, con unas aportaciones relevantes en el plano dogmático.

El premio Santiago Gutiérrez Anaya sobre Propiedad Inmobiliaria está organizado por ABC de Sevilla y el Instituto de Estudios de Cajasol, coordinado por el abogado Alberto Donaire, patrocinado por la Editorial Jurídica Sepín y cuenta con la colaboración del Colegio Notarial, el Colegio de Registradores, el Colegio de Abogados de Sevilla, la Universidad de Sevilla, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Safinco.

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